El meu primer debat al Congrés del Diputats

El señor RANGEL TARRÉS: Señor Presidente,

señorías, subo a esta tribuna, en mi caso por primera vez, para expresar la posición del Grupo Socialista en relación con el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012.

Era absolutamente necesario revisar la senda de consolidación fiscal. Los socialistas lo venimos reiterando con insistencia, una vez constatado el recrudecimiento de las tensiones en los mercados financieros y de la deuda soberana, así como a la luz de las nuevas perspectives de crecimiento de la zona euro. Si las circunstancias han cambiado, es lógico que la política fiscal se adapte al ciclo.

Se lo dijo el presidente de nuestro grupo en el debate de investidura:  “Solo con ajuste no llegamos, señor Rajoy; hay que hacerlo, pero solo con ajustes no llegamos. Las políticas de consolidación fiscal excessives conducen al estrangulamiento de nuestro crecimiento, entre otras cosas porque si no hay previsiones de crecimiento positivas no hay inversión y eso es lo que està pasando en Europa. Por tanto, tenemos que revisarlas o, mejor aún, compatibilizar esas políticas de ajuste con políticas de crecimiento a nivel europeo. En Europa, en la zona euro y también en España, eso es lo primero que tenemos que hacer.”

Saben, por consiguiente, que tenían nuestro apoyo para negociar con las instituciones europees y hacer bien las cosas —aprobar una senda de consolidación fiscal con un calendario creíble—, però ustedes han actuado como nos tienen acostumbrados.

Primero, en enero, el ministro de Hacienda dice que el objetivo de déficit para 2012 lo marcará Bruselas; después, el presidente del Gobierno nos anuncia un objetivo de déficit al margen del acuerdo de la Comisión y, ahora, a la vista de los acontecimientos de la reunión de ayer en el Eurogrupo, hemos pasado de la decisión sobirana a la imposición de 5.000 millones de euros de ajuste adicional, que acepta el Reino de España por boca de su Gobierno.

 Entendemos que el Eurogrupo comparte el fondo del asunto sobre flexibilizar los objetivos de dèficit público pero, evidentemente, no comparte las formas utilizadas por el Gobierno para delimitar los Nuevos objetivos.

Señores del Gobierno, nos tienen que aclarar si el techo de gasto y el objetivo de estabilidad que se sometent a esta Cámara tienen o no tienen validez de verdad.

Estamos realmente en un escenario dantesco que pone de relieve la falta de un plan serio y creíble del Gobierno de España para revisar la senda de consolidación fiscal.

En realidad, ¿qué estamos haciendo hoy aquí aprobando un objetivo de déficit y un techo de gasto que va a ser revisado de inmediato? ¿Cumpliendo una simple formalidad?

Ciertamente, ¡la seriedad de lo que se está haciendo es perfectamente descriptible!. Podríamos decir incluso que hay un menosprecio hacia esta Cámara que, al fin y al cabo, no deja de ser un menosprecio al conjunto de los ciudadanos.

Ahora entendemos por qué el acuerdo adoptado por el Gobierno es incompleto. Hay que recordar que la todavía vigente Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece una serie de exigències en relación con el citado acuerdo que no pueden desconocerse.

En la ley se establece de forma clara que el objetivo de estabilidad presupuestaria se debe fijar con referencia a los tres ejercicios siguientes. Asimismo, debe acompañarse de un informe en el que se evalúe la fase del ciclo económico que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dicho objetivo. Pues bien, ninguna de las anteriores exigencias se cumple en el texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados: ni el objetivo de estabilidad contempla la referencia a los tres ejercicios siguientes —solo la del año 2012—, ni existe el informe sobre la posición cíclica de la economía española.

Con sus decisiones nos están abocando no a una senda creíble y factible, como se ha dicho, sino realmente al precipicio, al precipicio al que pueden arrastrar la economía española, haciendo añicos el principio de  igualdad y abocando al desmantelamiento los Servicios básicos del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación y la atención social; en definitiva, la ruptura de la cohesión social.

Precisamente son esos servicios y su mantenimiento los que entendemos que deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer el Reparto interno del objetivo de déficit. En nuestra opinión, los ajustes deberían estar encaminados a facilitar la consecución de las políticas de impulso de la economía y a garantizar los servicios esenciales en términos de calidad.

En España son las comunidades autónomas las competentes en sanidad, en educación, en atención social y, en cualquier caso, eso debería tenerse muy en cuenta a la hora de asignar esfuerzos.

Con la decisión adoptada, a pesar de la rectificación que ahora sobre la marcha nos ha contado el ministro, creemos que se pone en serio riesgo la viabilidad de la sanidad y la educación públicas, por lo que deberían revisar el objetivo para este subsector.

En cuanto al procedimiento seguido para su aprobación, también se ha producido una inversión de lo que contempla la ley pues el Gobierno debería haber conocido con carácter previo el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autònomes y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, cosa que es evidente que no ha sucedido; precisamente se ha hecho el proceso a la inversa.

Respecto al cuadro macroeconómico y al techo de gasto, a la escasa o nula información que acompaña el contenido material del acuerdo se suma el apagón estadístico que hemos sufrido en los últimos meses, un apagón estadístico inadmisible, que no hace más que acrecentar la desconfianza. Algunos datos que hemos conocido la pasada semana corresponden al mes de diciembre de 2011, ignorándose todavía las variables económicas que justifican la desviación del objetivo de déficit, del 8,5 por ciento en 2011.

Nada se ha dicho tampoco por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la marcha seguida por la recaudación y por la ejecución del gasto a lo largo de los meses de enero y febrero de 2012. ¿Qué ha pasado con los informes de recaudación que publica mensualmente la Agencia Tributaria?

De este apagón estadístico se ha hecho eco igualmente la Unión Europea, que viene manifestando que carece de información en relación con el proyecto de presupuestos para 2012.

Lo insólito de la situación hace que a día de hoy desconozcamos cuál es el ritmo que siguen las variables esenciales de la actividad pública, por lo que el objetivo de estabilidad no puede ser valorado más allá de considerar que es la expresión de la voluntad unilateral del Gobierno, en este caso ya condicionada por la Unión Europea.

En todo caso, a la luz de los pocos datos disponibles, queremos comentar lo siguiente.

 Las previsiones de ingresos no financieros creemos que no son realistas sin medidas discrecionales. Según los datos de la Intervención General, los ingresos no financieros fueron de 104.145 millones de euros en 2011 en términos de caja. Ustedes estiman para 2012, con el PIB nominal decreciendo el 0,8, unos ingresos de 119.233 millones de euros. En definitiva, aunque quieran explicarlo con la subida del IRPF, faltan unos 10.000 millones de euros; por lo tanto, para materializar la previsión la pregunta es: ¿van a subir los impuestos en estos 10.000 millones de euros? Este es el momento de decirlo y de despejar la duda, ya que el día 30 vamos a ver los presupuestos pero no conocemos por anticipado cuál es su previsión.

Posiblemente razones tácticas que tienen que ver con las elecciones andaluzas y asturianas le impiden comentar ese dato.

El cuadro macroeconómico también revela una reducción del 11,5 por ciento del consumo final de las administraciones públicas para 2012. Esto nos indica que es probable que haya una nueva reducción del salario de los empleados del sector público o una destrucción de empleo público. Si la opción es la segunda, podría implicar la reducción de más de 200.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, es decir, casi un cuarto de millón de trabajadores públicos pueden irse a la calle; de hecho, la reciente reforma del mercado de trabajo ya apunta en esa dirección y creemos que no es una casualidad. Si a todo ello le sumamos una reducción de la inversión pública del 40 por ciento, como ha anunciado el ministro de Economía y Competitividad, el panorama para 2012 es desolador; es decir, un año perdido para el empleo.

Ahora, con las nuevas cifras que acabamos de conocer, creemos que la situación todavía se va a agravar más.

El objetivo de equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social para este año nos preocupa y nos gustaría que las previsiones que el Gobierno hace se cumplieran. Aquí también sería bueno que aclarasen cómo van a quedar las prestaciones por desempleo, porque, señorías, aquí tampoco los números cuadran y nos tememos que dichas prestaciones están seriamente amenazadas.

Como ven, el acuerdo que nos plantean ofrece tantas incógnitas y de tanto calado que apoyarlo significa firmarles un cheque en blanco y no lo vamos a hacer. Si teníamos dudas, el baile con Europa nos las ha aclarado definitivamente.

España necesita confianza, los españoles necesitan confianza en el futuro y precisamente el indicador de confianza es el que está cayendo en las encuestas.

Los poderes públicos generan confianza cuando son creíbles y la credibilidad se gana siendo coherentes con los compromisos adquiridos y siendo capaces de hacer del diálogo un instrumento que genere consensos en torno a objetivos claros y compartidos para abordar con responsabilidad el esfuerzo que se nos pide a todos.

En sentido contrario, la confianza no se consigue aprovechándose del miedo que embarga a millones de españoles ante la situación de crisis para imponer decisiones de forma unilateral.

Tampoco se consigue señalando con el dedo acusador o haciendo señalar a otros: a aquellos colectivos o entidades que molestan al Gobierno porque defienden políticas alternativas, otros proyectos legítimos en el marco de nuestra democracia que dibujan otros futuros de esperanza para todos y no para unos pocos.

La prepotencia y el abuso de decisiones unilaterales son la antipolítica y están en las antípodas de lo que España necesita en estos momentos. No es lo que nos piden los españoles, sino todo lo contrario. Les diré más: abusar del recurso a la herencia recibida, como están haciendo, también genera desconfianza. Decimos en mi tierra que es excusa de mal pagador, es decir, propio de quien no quiere dar la cara y hacer frente a sus responsabilidades, echar siempre la culpa al otro. Eso tampoco genera confianza, como no genera confianza un gobierno que predica una cosa y termina haciendo otra.

Voy terminando.

Hoy comenzamos, como el ministro ha dicho, el debate presupuestario. Nosotros vamos a ser fieles a nuestro compromiso con los ciudadanos. Vamos a proponer y a defender nuestras alternativas, ofreciendo diálogo político para encontrar espacios de consenso en la línea de ofrecer las mejores respuestas a lo que más preocupa a nuestra sociedad: generar empleo y salir de la crisis en la que estamos sumidos. Pero para hacerlo todos juntos, no unos pocos; para disponer de una sociedad más cohesionada y con una nueva economía más competitiva, pero no por precariedad laboral y salarios de miseria, sino por incorporación del conocimiento a nuestro sistema productivo. Por eso vamos a trabajar sin descanso; nuestra responsabilidad política nos obliga a ello.

Lamentablemente esto no es lo que apunta la política del Gobierno hasta este momento y tampoco la poca luz que ofrece la propuesta que nos presentan hoy apunta a un cambio radical de la misma. Por todo ello, nuestro voto va a ser negativo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

(Réplica a la respuesta del Ministre)

El señor RANGEL TARRÉS: Señor presidente, voy a consumir muchísimo menos tiempo. Señor Montoro, yo soy nuevo en esta Cámara, provengo de la gestión pública, estoy acostumbrado a comprometerme y a gestionar para conseguir objetivos, y hoy no me hubiese gustado estar en su papel. Si alguien ha hecho realmente un discurso retórico, vacío de contenido, lleno de tics y de frases que han repetido hasta la saciedad, son ustedes. Si creen que al final la gente les va a dar la razón a base de repetir muchísimo una cosa que no es cierta, les diré que eso no llega a ninguna parte. (Rumores). Lamentablemente el recurso a la excusa de mal pagador que he contado ha sido la norma en toda su intervención de réplica. Lo lamento profundamente, porque les hemos dicho por activa y por pasiva que queremos comprometernos, pero con un gobierno serio (Rumores) y que haga las cosas bien, no como las están haciendo ustedes. (Aplausos).

Muchas gracias.